EDUDER

Las viejas querellas históricas entre la enseñanza privada y la pública y la contraposición entre la libertad y la igualdad se resolvieron en el artículo 27 de la Constitución Española con un compromiso confuso. La Constitución reguló el derecho a la educación de una manera tan ambigua que permitió, en su momento, la conciliación de posturas hostiles, pero, al mismo tiempo, abrió paso a conflictos que exigen encontrar el equilibrio entre modelos enfrentados. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 11/1981, de 8 de abril, calificó a la Constitución de “marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo”. Pero, precisamente, por esa premeditada ambigüedad, los conflictos resucitaron en la primera ley que regulaba la educación conforme a lo dispuesto en la Carta Magna, la LOECE. Quedaba claro que el consenso constituyente era demasiado frágil para proporcionar estabilidad al sistema y la alternancia política iba a suponer el desarrollo de una legislación ordinaria adaptada a los programas electorales y educativos de los partidos políticos que se turnarían en el Gobierno de España. Este complicado equilibrio entre la libertad y la igualdad plantea, en el siglo XXI, diferentes desafíos de muy distinta naturaleza: la educación concertada, la educación diferenciada, el anhelado pacto educativo, la reforma del artículo 27 de la Constitución, las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas o la enseñanza de la Religión son, a título de ejemplo, algunos temas de investigación objeto de este grupo.

Julia Martínez Candado

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